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Es de observancia general en el territorio nacional; garantiza un gasto
ejercido con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez: Guillén
Vicente
Libertad,
Ciudad de México, Abril 03 del 2018.-La Comisión de Gobernación,
presidida por la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), aprobó, en
lo general, con 15 votos a favor, ocho en contra y una abstención, el dictamen
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación
Social, que regula el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución en
materia de Propaganda Gubernamental.
La instancia legislativa
solicitará a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) abrir los espacios
necesarios para analizar con los coordinadores parlamentarios el contenido de
las posibles reservas o adiciones al proyecto, y posteriormente discutirlo en
el Pleno, previa programación de la Mesa Directiva, informó la diputada Guillén
Vicente.
Además, enviará a la Mesa
Directiva una copia certificada de la versión estenográfica de la reunión de
trabajo, para que la remita al juzgado correspondiente, “en cumplimiento de la
sentencia recaída al expediente número 1359/2015 de la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que obliga al Congreso de la
Unión a emitir una ley que regule el párrafo octavo del artículo 134 de la
Constitución en materia de Propaganda Gubernamental”.
También, conforme al
artículo tercero transitorio del decreto de la reforma constitucional del 10 de
febrero de 2014, y al acuerdo quinto, fracción primera numeral 2 del Acuerdo de
la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos que establece
el procedimiento para discutir las iniciativas con proyecto de decreto
relativas a la expedición de la ley que reglamente ese precepto constitucional.
Guillén Vicente señaló que
el texto normativo, que consta de cinco Títulos, 45 artículos y ocho
transitorios, es de observancia general en el territorio nacional, para
garantizar que el gasto en la materia se haga con criterios de eficacia,
eficiencia, economía, transparencia y honradez, respetando los topes presupuestales,
límites y condiciones que se establezcan en el Presupuesto de Egresos que
expide la Cámara de Diputados anualmente.
Se prevé que la Secretaría
de Gobernación (Segob) informe bimestralmente a la Cámara de Diputados sobre el
gasto y cumplimiento de los objetivos en materia de Comunicación Social,
desglosado por dependencias y entidades.
Explicó que se retoman los
límites y prohibiciones constitucionales de los artículos 41, fracción tercera,
apartado C, y del 134, octavo párrafo y tercero transitorio de la reforma
político-electoral de 2014.
En ese sentido, “se limita
el contenido de la Comunicación Social para que tenga carácter institucional y
fines informativos, educativos y de orientación social, además de que deberá
respetar la libertad de expresión, la diversidad social y cultural de la
nación, fomentando el acceso ciudadano a la información y contribuyendo a la
igualdad entre hombres y mujeres”.
De igual
manera, se prohíben mensajes que impliquen un ataque a la moral, la
vida privada o los derechos de terceros; provoquen algún delito y perturben el
orden público. También se establecen límites a la publicidad en tiempos
electorales, para evitar cualquier influencia sobre las preferencias del
público, por lo que sólo se permitirán, en esos periodos, mensajes de
protección civil en casos de emergencias, de servicios educativos, de salud y
similares.
En materia de Comunicación
Social, se prevé priorizar el uso de los tiempos oficiales del Estado y sólo
destinar recursos presupuestarios para tiempos comerciales cuando se
hubieran solicitado primero los del Estado, y no estuvieran disponibles en los
espacios y tiempos solicitados, precisó.
Para la contratación de
espacios comerciales, se establece que los medios de comunicación interesados
se inscriban, previamente, en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación a
cargo de la Segob, el cual será de acceso público, destacando que el solo
empadronamiento no implica la obligación de contratación por parte de los entes
públicos. “Todo ello, con la finalidad de evitar un uso arbitrario de los
recursos en materia de Comunicación Social”.
Sobre la evaluación de la
Comunicación Social, se establece que los entes públicos deben elaborar una
estrategia y programa anual de comunicación social, para garantizar que se
cumplan sus objetivos y que el presupuesto asignado se ejerza de manera
eficiente, debiendo publicar informes semestrales sobre el gasto en publicidad
en sus portales de transparencia.
Respecto a la transparencia
y rendición de cuentas, se determina que las campañas de Comunicación Social de
la administración pública federal deberán publicarse de manera desglosada en el
Sistema Público de la Secretaría de la Función Pública.
La revisión y fiscalización
de los recursos públicos federales destinados a Comunicación Social, se
realizará a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y en el
ámbito local, se hará mediante la Contraloría Estatal o su equivalente.
En lo relativo a
infracciones y sanciones, se señala que la violación a lo dispuesto en la ley
será causa de responsabilidad penal y administrativa, conforme al marco
jurídico aplicable en la materia.
El dictamen concluye que la
expedición de la Ley General de Comunicación Social da continuidad a la tercera
generación de reformas en materia electoral, lo que permite mantener y proteger
la equidad en la próxima contienda, pues complementa lo establecido en la
Constitución y en la legislación electoral, particularmente lo dispuesto en la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Este ordenamiento permitirá
el cumplimiento del objetivo primordial de la comunicación social, que es dar a
conocer a la población los avances concretos de su gobierno en el más amplio
espectro, así como difundir los beneficios y programas con los que cuentan.
En ese sentido, precisa, se
vuelve un mecanismo de rendición de cuentas que permite vincular a la población
con los entes públicos del Estado.
Además, continúa, el Poder
Legislativo cumple una de sus principales funciones, al expedir una ley que se
erige como el nuevo estándar mínimo de bienestar para la comunidad respecto del
buen funcionamiento de su gobierno en lo relativo a la comunicación
sociedad-gobierno, la preservación del Estado de Derecho y el continuo
perfeccionamiento de la democracia como sistema de vida y de forma de
administración.
El diputado panista, Juan
Pablo Piña Kurczyn, consideró que “el dictamen es una simulación para cumplir
con el mandato de la Corte”. Es un documento que delega todas las facultades
sobre la regulación de publicidad oficial a la Segob.
Explicó que la ley no tiene
sanción alguna; es decir, “es una norma que podría no aplicarse y no pasaría
absolutamente nada”. Agregó que tampoco precisa un tope de gasto para las
secretarías de los gobiernos federales y estatales en la contratación de
publicidad.
Manifestó que aprobar el
dictamen como está puede generar censura a medios de comunicación, pues
“dejarle a la Segob el control del padrón de los medios, es darle la decisión
para otorgar, o no, dinero público para el pago de publicidad”.
El diputado Macedonio Tamez
Guajardo (Movimiento Ciudadano) fijó su postura en contra del dictamen, pues lo
calificó de inviable jurídicamente, debido a la “aterradora” atribución que se
otorga a la Segob para manejar la comunicación social. Consideró que las
atribuciones deben remitirse a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Señaló que el documento
tampoco contempla sanciones, cuando es un asunto que debe tener castigos
contundentes y claros para quien viole la ley y afecte el manejo de la difusión
oficial.
Otro punto importante, dijo,
es que no aborda el tema de la veracidad en la publicidad gubernamental,
contraria a las noticias falsas o simuladas que suelen lanzarse al aire en los
medios nacionales.
Del PRD, Rafael Hernández
Soriano refirió que el dictamen es deficiente en lo general y se debe revisar
de fondo. “Es una calca de la propuesta del PRI que, a su vez, es una copia de
los lineamientos de la Segob”.
“Esto no es legislar y por
eso no vamos con esta propuesta. Tenemos muchas observaciones puntuales que
también son respaldadas por organizaciones de la sociedad civil”, comentó.
Estimó que hay tiempo
suficiente para legislar de manera correcta, pero falta voluntad y
responsabilidad para abrir el debate. “Esperamos que no se imponga la mayoría
legislativa, pues es un asunto muy relevante”.
Norma Xochitl Hernández
Colín, diputada de Morena, expresó su preocupación por que no se tomaron en
cuenta propuestas de organizaciones como Artículo 19 o de la Relatoría Especial
de la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Comentó que “se dará la
batalla en el Pleno para que el dictamen se nutra con las aportaciones de los
distintos actores sociales”.
Agregó que es una
legislación importante para el bien de la nación y un reclamo que se ha hecho
desde 2006. “Es raro que ahora, por la llamada de atención de la Corte, se
quiera sacar adelante”.
El diputado César Alejandro
Domínguez Domínguez (PRI) detalló que modificar los topes presupuestales o las
condiciones del ejercicio de recursos en materia de comunicación social,
significaría cambiar los transitorios de una reforma política-electoral de
2014, pero dado que implica una modificación constitucional, los tiempos ya no
dan.
Explicó que el dictamen
incluye mecanismos suficientes para dar certeza al ejercicio del gasto de
manera moderada, transparente e imparcial. Sujeta el gasto de la comunicación
social a principios que garanticen claridad, a través de un padrón público y
accesible.
Dijo que la ASF será quien
pueda sancionar el mal ejercicio de recursos en este asunto, pues tiene la
facultad de atender en materia administrativa y penal las denuncias sobre uso
inadecuado de dinero público.
El diputado del PAN, Eukid
Castañón Herrera, consideró que se debe votar el dictamen; sin embargo,
coincidió en que “existe mucha atribución a la Segob”.
Manifestó su voto en
abstención, pero deseó que se tenga la madurez política suficiente para tratar
de alcanzar los mejores consensos para el dictamen.
Carolina Viggiano Austria,
diputada del PRI, comentó que el dictamen no otorga a la Segob alguna facultad
que no tenga ahora; concentra lo que dispone la Constitución y otras leyes.
Detalló que el
empadronamiento previo de medios no implica que los entes públicos tengan que
contratar espacios con éstos, sino que dependerá de la idoneidad del mismo para
cumplir con la estrategia de comunicación.
“Es importante dejar claro
que no se coarta en ningún momento la libertad de expresión y, por el lado de
la fiscalización, son recursos que se auditarán por parte de la ASF. El tema
fundamental es respetar los topes de gasto y eso no está en entredicho en el
documento”.
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