Gerardo Díaz Valles
Rosarito.- Uno de los problemas
que más afectan a los rosaritenses es la gran cantidad de conflictos legales
generados por la venta irregular de predios, incluso promovidos por empresas
con historial negativo que literalmente “han engañado a muchas personas”.
Así lo manifestó la alcaldesa Mirna Rincón
Vargas, al anunciar el próximo inicio de un plan integral dentro de su gobierno
con el que se buscará evitar que este problema crezca y que incluso se siente
un precedente para impedir que estas empresas operen libremente en Rosarito.
“Hay empresas que han lucrado con la necesidad
de muchas familias y han robado su dinero, por lo que buscaremos que se retiren
del mercado y de nuestro municipio” adelantó al reunirse con vecinos de varios
puntos de Rosarito.
Tal situación dijo, genera largos conflictos
legales, pleitos entre vecinos y hasta la confrontación entre los supuestos
propietarios de un predio del cual aparecen varios dueños, un añejo problema en
Rosarito que su gobierno habrá de atender de manera frontal, apuntó.
Apenas esta semana, el VII Ayuntamiento de
Playas de Rosarito inició cursos de capacitación a la comunidad para asesorarla
en cómo salvaguardar su patrimonio a través del Departamento de Acciones de
Urbanización.
El Jefe del Departamento, Marco Aurelio
Castañeda García, informó que actualmente se atienden en promedio a 200
ciudadanos por mes, quienes se acercan a solicitar apoyo en materia, entre los
que también se encuentran profesionales inmobiliarios que buscan realizar
proyectos en el municipio.
“Estamos dando seguimiento a las instrucciones
de nuestra Presidenta Mirna Rincón, pues es objetivo de esta Administración es
que las y los futuros arrendadores de algún inmueble en Playas de Rosarito,
tengan certeza jurídica al momento de invertir en una propiedad,
evitando ser víctimas de fraude”, indicó Castañeda García.
De la misma forma, invitó a desarrolladores
inmobiliarios, a regularizar sus trámites y eviten los requerimientos o multas
con sanciones que oscilan entre los 100 y los 500 salarios mínimos (UMAS), o
inclusive la clausura correspondiente, esto a fin de evitar la venta irregular
de terrenos en fraccionamientos que no cumplan con la normatividad vigente en
materia y que perjudican directamente a la ciudadanía.
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