José
Ángel Inzunza
Libertad, Tijuana.- La ley de Seguridad
Interior promulgada el pasado mes de diciembre es un ordenamiento que impone un
retroceso a la defensa de los Derechos Humanos coincidieron los ex procuradores
José Luis Pérez Canchola y Heriberto García García, quienes advierten riesgos para
todos, incluso para los miembros de las fuerzas armadas.
Ante el foro del Grupo 21, los ex ombudsman en
el estado advirtieron que la Ley de Seguridad Interior es incongruente con la
Constitución, ambigua y violatoria de derechos humanos que solo revela un país
en grave crisis de seguridad, pero lejos de apoyar a los municipios, el
ordenamiento castiga a los ayuntamientos más pobres.
Estiman que en el país existe un déficit de 115
mil policías y según lo que arroja el presupuesto de egresos aprobado para este
año, no habrá dinero para contratar a los elementos faltantes y los militares,
como ellos mismos lo han externado, no están capacitados para atender la
seguridad civil pues son capacitados para la guerra.
Recordaron que fue durante el sexenio que
encabezó Felipe Calderón Hinojosa lo único que se consiguió con su declaración
de guerra al crimen organizado y la consecuente salida de los militares a la
calle fue atomizar la violencia, pero esto no los contuvo y ahora con Enrique
Peña Nieto al frente del Ejecutivo Federal únicamente se ha logrado recrudecer
la ola de violencia.
Si hay incapacidad policiaca o mucha
corrupción, hay otras medidas, sobre todo, combatir la corrupción.
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