* En el
Congreso hay mayoría de diputados panistas, pero ni aún todos juntos pueden
decidir por todos los bajacalifornianos; la sociedad exige mayor participación,
mediante el plebiscito
José
Ángel Inzunza
Las herramientas democráticas del referéndum,
plebiscito y revocación de mandato todavía son ninguneados por quienes nos
gobiernan, pues basados en que “la mayoría” los eligió, deciden por todos, y no
les importa endeudar a la población por muchos años, y hacen negocios a sus muy
particulares conveniencias.
Tales son los casos de las luminarias, rentas
de camiones recolectores de basura, desalinizadoras, centros de control y mando
policial, y muchas otras decisiones que implican erogaciones millonarias del
erario municipal y estatal no por uno ni tres años, sino por 15 y hasta 35
años, y es por eso que el malestar social es inevitable; ya el horno no está
para bollos (¡y vaya que ya de bolillos van casi 30 años!).
Cabe aclarar que no hay nada en contra de
iluminar toda la ciudad, ni en contra de que se busquen los mejores esquemas
para la recolección de basura y que los bajacalifornianos contemos con
infraestructura muy necesaria como las desalinizadoras y los centros de control
y mando policial de primer nivel.
El problema es que se compromete a la población
por
demasiados años erogando millonarias cantidades de dinero que no se ven
justificadas, sino que se antoja a todo, menos a un manejo escrupulosamente
honesto de los recursos.
Probablemente sí se sometan a escrupulosas
auditorías y exámenes de transparencia, pero hoy por hoy la manera en que se
están haciendo todos esos movimientos no inspiran confianza en la población.
Es entonces donde entra el cuestionamiento:
¿tienen derecho todos los que nos gobiernan a decidir por todos los demás?
Ellos dicen que sí, pues los eligió “la mayoría”; sin embargo, en términos
reales: ¿es verdad que ellos representan a la mayoría? Para no dejarlos en
suspenso, va una respuesta categórica: NO representan a la mayoría. Ninguno, ni
ninguna fuerza política.
No es denostación, ni una crítica visceral, el
sustento de esta afirmación es el siguiente:
De acuerdo a los datos de cómputo electoral de
2016, el diputado con mayor porcentaje de votación fue el panista Andrés de la
Rosa Anaya, en el Distrito V, con el 39.0925 % de los que ejercieron
efectivamente su voto, lo que quiere decir que un 60.0075 % no estuvo de
acuerdo en que él fuera diputado.
Lo mismo es con el Distrito XVII, donde Ignacio
García Dworack ganó la elección con el 38.7578 % de los votos efectivamente
ejercidos, pero el resto se diluyó entre los candidatos de las otras fuerzas
políticas; por lo tanto, se puede decir que el 61.2422% de los que votaron no
estuvieron de acuerdo en que él fuera diputado.
Y así nos pudiéramos ir con todos los diputados
electos, que por razones de la Ley Electoral tienen su curul en el Congreso del
Estado, porque para empezar, no votó (en términos generales) el 67.02 por
ciento del listado nominal de electores, pero la validez de la elección se da
entre los que efectivamente votaron, y quien tuvo mayoría de ese mínimo de
votantes (32.98 por ciento), fue el diputado electo.
Entonces, todos los diputados que presuman que
fueron electos por mayoría, fue la mayoría de una minoría que votó. NO
representan a la mayoría del pueblo, y ni siquiera de su distrito.
Lo mismo sucede con los alcaldes y el propio
gobernador, no hay uno solo de todos los que nos gobiernan que puedan ufanarse
de representar a la mayoría del pueblo, eso es una mentira; fueron electos por
una mayoría de una minoría, y aún en esa mayoría, contando el universo de los
que efectivamente votaron, entre el 60 y el 70 por ciento no estuvieron de
acuerdo en darle el poder a quienes nos gobiernan, u ocupan una curul en el
congreso.
Habida cuenta entonces de que ninguno de ellos,
ni todos juntos y ni siquiera sus partidos como instituciones tampoco
representan a la mayoría del pueblo, NO debieran estar decidiendo por todos los
tijuanenses o por todos los bajacalifornianos, sino que debieran someter a
plebiscitos todos los temas trascendentales, como los que se citan en este
artículo.
Solamente de esa manera podrán alegar que hacen
lo que hacen o harán lo que tengan que hacer, por voluntad popular; ¡y créanlo!
Se evitarán manifestaciones, belicosas o pacíficas, y se evitarán “muros” de la
ignominia.
Ya es hora de que se pongan en uso, y en uso
cotidiano se pudiera decir, las herramientas de referéndum, plebiscito y
revocación de mandato, y solamente de esa manera, quienes nos gobiernan, harán
bien las cosas. Por lo tanto, si retardan la aplicación de esas armas
democráticas, es porque algo ocultan, y el que nada debe, nada teme.
Hasta ahorita todos los discursos contra la
corrupción quedan en eso, solamente en discursos. Utopía es pensar que
tendremos gobernantes y diputados honestos, pero cuando el pueblo tenga
realmente ese poder, van a hacer mejor las funciones para las que son electos.
Incluso, si el pueblo siente que le toman en
cuenta, el abstencionismo será cosa del pasado, o será ridículamente mínimo.
¡Ah! Utopía.
Mientras tanto, no queda más que exigir que se
le dé su poder al pueblo, y que ningún diputado, ni alcalde ni gobernador
presuma de representar a la mayoría, porque no es así. Cuando necesitemos un estadista,
pregúntenos.
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