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Abogados del Consejo piden la recusación del Juez Cuarto en Materia de Amparo y
Juicios Federales por ser familiar de la directora de Relaciones Públicas del
Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana
Octavio
Fabela Ballinas
LIBERTAD,
TIJUANA, 18-08-2017.-El Consejo de Organizaciones Civiles
Independientes de Tijuana anunció que con el respaldo de 12 mil 500 tijuanenses
acudirán el próximo lunes 28 de agosto ante el Instituto Estatal Electoral para
solicitar que el incremento a las tarifas del transporte y la licitación del
sistema de alumbrado público sea sometidos a plebiscito para saber si la
ciudadanía está de acuerdo o rechaza las medidas.
Además en conferencia de
prensa también anunciaron que recusará al juez Cuarto en Materia de Amparo y
Juicios Federales, Francisco Caballero Green, pues consideran que el juzgador
debió excusarse de conocer lo relacionado a los amparos que presentaron contra
los contratos celebrados con la empresa Turbofin ya que es cónyuge de Sandra
Gastélum, labora como encargada de relaciones públicas en el Comité de Turismo
de Tijuana, paramunicipal que opera con recursos municipales.
Carlos Atilano Peña
coordinador del COCI explicó que la solicitud de plebiscito se presentará IEE
acompañando de firmas recabadas durante las últimas semanas en los puestos que
se instalaron en puntos como la Universidad Autónoma de Baja California,
Palacio Municipal, la Catedral Metropolitana, entre otros, para que sea el
órgano electoral el encargado de convocar a que los ciudadanos decidan si
aprueban o no la privatización del alumbrado, que podría significar un gasto de
5 mil 200 millones de pesos, y el aumento a las tarifas de pasaje.
Por su parte el abogado
y alpinista Ignacio Anaya Barriguete explicó que con relación a los amparos
interpuestos en contra de los contratos de arrendamiento de camiones
recolectores de basura y patrullas el licenciado Leonardo Martínez, Consejero
Jurídico del gobierno municipal, ha insistido en que sea en el Juzgado Cuarto
de Distrito en donde se les dé seguimiento, lo que resulta sospechoso dada la
afinidad conyugal del juzgador con una empleada municipal.
De acuerdo con la
legislación vigente El juez tendría que excusarse y no aceptar llevar asuntos
relacionados con la actual administración municipal, toda vez que incurre en
conflicto de intereses, un delito tipificado en el artículo 225 del Código
Penal Federal, por este motivo han intentado localizar al juzgador pero éste no
ha aceptado recibirlos.
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