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El secretario de gobierno y el consejero jurídico entregaron la solicitud por
escrito en el Congreso del Estado
LIBERTAD,
TIJUANA, 26-07-2017.-Por actuar con parcialidad, y desconocimiento
del derecho, al resolver en contra del ordenamiento urbano en el área de la
línea internacional de San Ysidro, la Alcaldía de Tijuana, solicitó al
Congreso del Estado un juicio político y la destitución inmediata, sanción e
inhabilitación de la magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
Flora Arguilés Robert.
El secretario de
gobierno municipal, Raúl Felipe Luévano Ruiz y el Consejero Jurídico del XXII
Ayuntamiento de Tijuana, Leonardo Martínez, entregaron dicha solicitud y un
expediente completo del caso en Oficialía de Partes de la Legislatura local,
así como la ratificación ante la presidencia del Congreso del Estado.
Raúl Felipe Luévano
externó que acudieron en representación de los miles de tijuanenses con la
intención de dialogar con los legisladores locales para pedirles que velen por
los intereses de la ciudadanía.
Señaló que el
procedimiento es que el presidente del Congreso Local le turne la solicitud a
la Comisión Jurisdiccional, y esta instancia es la encargada de subirla al
pleno de la Cámara de Diputados para ser votada.
El Secretario General
de Gobierno de Tijuana detalló, que por no acatar la notificación de la
magistrada para regresarles el permiso de los 9 sitios en el área de la Garita
Internacional al gremio de los Taxis Amarillos, el Secretario de Seguridad
Pública Municipal, Marco Antonio Sotomayor y el director de Vialidad y
Transporte, Javier Salas, recibieron un requerimiento y una sanción antes del
plazo que tenían para haber respondido esta notificación.
En el Tribunal
Contencioso Administrativo del Estado tienen tres semanas de vacaciones, y no
aceptaron recibir la contestación de la administración municipal por estar en
este periodo de descanso, pero si emitieron otras sanciones de nueva cuenta
para los dos funcionarios mencionados, pese a que el artículo 59 de esta misma
institución establece que ante un caso relevante se debe activar su guardia,
recalcó Luévano Ruiz.
El consejero jurídico,
Leonardo Martínez explicó que un sitio de taxis es un permiso para la ocupación
temporal de la vía pública, y en el artículo 18 de la Ley de edificaciones que
tiene también relación con el artículo 219 del Reglamento de Tránsito,
indica que esa autorización puede ser revocada en el momento que la
administración municipal lo determine.
Además, las
autorizaciones que el gremio de taxis amarillos presentaban ya estaban
vencidas, la última era del 2015, y aún así la magistrada consideró la demanda
que pusieron los integrantes de este gremio en la Segunda Sala del Tribunal
Contencioso Administrativo del Estado, para emitir una resolución en contra de
los intereses de la ciudadanía, argumentó Leonardo Martínez.
El secretario General
de Gobierno argumentó que la intención es poner orden respecto a la movilidad
urbana del área de la Garita Internacional, devolver la legalidad a esta zona,
que es la cara de la ciudad para los visitantes extranjeros, y es el punto
geográfico conocido como la Puerta de México, por lo que era prioritario
atender la situación de un cúmulo de agravios por parte de los taxistas
amarillos hacia residentes y visitantes.
Raúl Felipe Luévano
manifestó que el actuar de la magistrada desnuda la moral y toma decisiones con
desconocimiento del derecho y la justicia, y estas acciones son en contra de la
esencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado.
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