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En un estado y un municipio colapsado, todo solo puede ir de mal en peor, y lo
que están ocasionando es que los ciudadanos se peleen entre sí, observa
ANPAC,
Tijuana, 25 de julio de 2017.- Ante la
incapacidad de los gobiernos estatal y municipal de Tijuana, convertidos ya en
un estado colapsado, el futuro no pinta nada halagador, y es inminente una
revolución social, advirtió el diputado del Partido Encuentro Social (PES) en
la XXII Legislatura de Baja California.
Presente en la sesión
semanal de la Asociación Nacional de Periodistas A.C., el legislador local
consideró que unos gobiernos que eluden sus responsabilidades y prefieren
traspasársela a empresarios, lo único que están generando es que los ciudadanos
se peleen entre sí.
Esto sucede, explicó,
con el caso de Constellation Brands, y en Tijuana entre organismos civiles
contra Turbofin y los otros particulares a los que se le ocurra al Alcalde Juan
Manuel Gastelum concesionar el servicio del alumbrado público y agregó con
sarcasmo: “si nos hubieran dicho desde campaña que no podían con el cargo,
habríamos elegido a esos empresarios”.
Pese a todas las
explicaciones que den gobernantes como Juan Manuel Gastelum y Francisco Vega de
Lamadrid, “mientras no transparenten y demuestren que verdaderamente la ciudadanía
se beneficia con esas concesiones, para mí esto sigue oliendo a puro negocio
que favorece a una clase gobernante corrupta”, subrayó.
Precisamente, informó
que la autoridad municipal no ha ofrecido sus alegatos y pruebas, dentro del
procedimiento para determinar la factibilidad o no de juicio político contra el
Alcalde Juan Manuel Gastelum, y éste “podría salvarse si es transparente y
honesto; porque no basta con ser transparente, tiene que demostrar que
realmente está haciendo lo que hace por el bienestar ciudadano y no para hacer
negocios personales”.
Recordó que cuando una
autoridad falla se habla de un “Estado fallido”, pero en el caso de Baja
California, y especialmente Tijuana, padecemos un “Estado colapsado”, donde
todo solo puede ir de mal en peor, a menos que el pueblo retome el mando, “y
eso es lo que va a suceder, que el pueblo se va a sublevar”.
En otro orden de ideas,
calificó como de avanzada la Ley que aprobaron para crear el Sistema Estatal
Anticorrupción, aunque reconoció que pudieran valerse gobernantes corruptos de
algunos detalles para acusar “anticonstitucionalidad” si son sometidos a
proceso penal por dicho Sistema.
“Podrían acusar que la
ley federal habla de solamente 5 integrantes civiles en el Comité Ciudadano
vigilante, y nosotros aprobamos 15; y también se definió en la legislación
federal que al fiscal anticorrupción lo debe nombrar el Fiscal General, una
figura que en Baja California no tenemos y no estoy de acuerdo en que deba
crearse”.
“Luego, no obstante que
aducimos facultades del Congreso para que sea el Poder Legislativo quien nombre
al fiscal anticorrupción, hay experiencias en otras partes del país, donde se
ha probado que los fiscales nombrados por diputados, obedecen siempre a
intereses partidistas de quien ostente el poder”.
“Por eso, mi postura es
que el fiscal anticorrupción sea electo por los ciudadanos, no por el
gobernador, ni el congreso ni una fiscalía general”, explicó el diputado Luis
Moreno.
Respecto de la Ley de
las Asociaciones Público-Privadas (Apps), dijo sumarse a lo que recientemente
advirtió la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,
que agrupa a 35 países), que los contratos entre gobiernos y empresarios bajo
el marco de las leyes de Asociaciones Público-Privadas (APP’s) han sido medios
eficaces, pero para la corrupción.
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