Octavio
Fabela Ballinas
LIBERTAD,
TIJUANA, 12-06-2017.-El evento con el que
el gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid puso en
marcha la Cruzada contra la Inseguridad resultó un acto de muchos discursos
pero no se dijo cuál será la estrategia para combatir este flagelo social más
allá de culpar al Congreso de la Unión de no adecuar el marco legal del Nuevo
Sistema de Justicia Penal.
El gobernador, el presidente del Congreso del
Estado, del Poder Judicial y los cinco alcaldes firmaron un acuerdo que
pretende fortalecer la coordinación con la sociedad civil en acciones que
reviertan la alta incidencia delictiva que impera en la entidad sin embargo
poco se habló de las estrategias que persigue el convenio.
Ahí se explicó que la firma del convenio
comprometió a las autoridades a disminuir la incidencia delictiva reforzado la
coordinación policía y tareas logísticas de apoyo a la sociedad civil justo
cuando en la ciudad de Tijuana los índices de delitos como robo a casa
habitación asalto a transeúnte, robo de automóviles están a la alza así como
los casi 800 homicidios que han ocurrido este mes en esta frontera.
Por ello el presidente del Consejo Ciudadano
de Seguridad Pública, Juan Manuel Hernández Niebla, criticó la falta de
mecanismos para medir los avances de las estrategias de seguridad y aseguró que
de nada sirven las protestas ciudadanas por lo que se pronunció en favor de
acciones concretas y evaluables.
Dijo que entre las estrategias que propone el
Consejo está la certificación de las cinco policías municipales del Estado,
gestionar un modelo de plan de pensiones para policías municipales, estatales y
ministeriales, “blindar” legislativamente a los altos mandos policíacos de
posibles cambios de gobierno, entre otras.
El preside del Comité Técnico de los Consejos
Coordinadores Empresariales de la entidad Federico Díaz Gallegos exigió mayor
compromiso de los legisladores federales para impulsar las reformas que
requiere el catálogo de delitos del Nuevo Sistema de Justicia Penal y criticó
que hayan utilizado de pretexto el proceso electoral del pasado domingo para no
aprobar la Ley de Seguridad Nacional que facultaría a la Marina y el Ejército a
actuar contra la delincuencia.
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