LIBERTAD,
MEXICALI, 04-11-2016.-La diputada
Victoria Bentley Duarte (PAN) propuso ante el Pleno del Congreso local,
reformas al artículo 95 de la Constitución estatal y a diversos ordenamientos
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, con el
propósito de someter, dijo, a un proceso de reinvención el juicio político, y
de esta manera hacer de él un instrumento más efectivo para inhibir el abuso
indebido del poder y combatir la corrupción e impunidad que erosiona el
desarrollo democrático de las instituciones.
En la exposición de
motivos, la presidenta de la Comisión de Justicia de la XXII Legislatura
expresó que el juicio político adolece históricamente de vicios tanto en su
genética constitucional como en su interpretación aplicativa.
Bentley Duarte, agregó,
que “entre ellos destacan por un lado, la imprecisa configuración conceptual
del sentido y alcance de los conceptos de responsabilidad política y de
intereses públicos fundamentales, y por otro lado, el estudio de actos de abuso
de poder por esta vía, ha sido obstáculo reiterado para la procedencia de su
incoación, so pretexto de las dudas respecto de la naturaleza jurisdiccional o
política de esta vía jurisdiccional de excepción”.
Argumentó que en la
aplicación práctica han prevalecido toda clase de razonamientos jurídicos y
políticos que hacen imposible investigar la probable responsabilidad política
de servidores públicos de alto nivel, cuando incurren en excesos o defectos de
las potestades que les confiere su investidura, por lo cual muchas denuncias
fundadas han sido desestimadas con subterfugios políticos y argumentos
leguleyos.
En ese sentido, la
iniciativa plantea modificar el párrafo quinto del artículo 95 de la
Constitución Política de Baja California, para precisar que con la presentación
de la denuncia de juicio político se interrumpe la prescripción, además de
ampliar el plazo de uno a dos años para que precluya la facultad sancionadora.
Por otro lado, la
propuesta de la congresista Victoria Bentley incluye modificaciones a la
referida Ley de Responsabilidades, entre las que destacan la ampliación de
conductas materia de juicio político; la inclusión de los partidos políticos
como sujetos legitimados para interponer denuncias en materia de responsabilidad
política; el establecimiento de los requisitos mínimos que debe contener la
denuncia y la obligación para prevenir al denunciante cuando la denuncia está
incompleta o los hechos sean obscuros o confusos.
Asimismo, se faculta a
la Comisión Jurisdiccional para que mediante acuerdo interno pueda prorrogar el
plazo para el desahogo de pruebas, así como para que en ejercicio de sus
facultades de investigación pueda solicitar informes a toda clase de
autoridades, o para apersonarse en oficinas para examinar cualquier tipo de
documentos que tengan relación directa con los hechos controvertidos.
Esta iniciativa de
reforma fue turnada para su análisis y dictaminación a la Comisión de
Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, por el presidente de la
Mesa Directiva del Congreso, diputado Raúl Castañeda Pomposo, durante la sesión
ordinaria desarrollada este día
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