* Cárcel a quien busque fraccionar, dividir, comercializar, o facilitar la ocupación de lotes rústicos o urbanos sin contar con el permiso de la autoridad administrativa correspondiente: Gilberto Covelli Gómez
LIBERTAD, ENSENADA, 05-10-2016.-Jamás podremos abatir el rezago en la tenencia de la tierra, mientras no se ponga un alto efectivo a la irregularidad, cuando la Corett regulariza 100 predios, el mismo día entran a la irregularidad 3 mil por la falta de legislación adecuada, señaló Gilberto Covelli Gómez delegado de la Comisión para la Tenencia de la Tierra (Corett) ante el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE).
En su exposición, el delegado federal recordó que en Ensenada cerca del 80% de la tierra es irregular en los asentamientos humanos ubicados fuera de la cabecera municipal y que en el resto del estado la irregularidad llega al 50%.
Covellí Gómez presentó una propuesta para que el Sector Empresarial del Estado avale e impulse que se sancione con cárcel a quien busque fraccionar, dividir, comercializar, o facilitar la ocupación de lotes rústicos o urbanos sin contar con el permiso de la autoridad administrativa correspondiente.
Agregó que el mismo tratamiento deberá de ejercerse contra cualquier autoridad del ámbito federal, estatal o municipal que promueva, impulse o permita a través de permisos provisionales o anuencias de preventa que no cumplan con la normatividad establecida.
Indicó que esta circunstancia ha inhibido -enormemente- el desarrollo económico y social de Baja California, ya que no existe certeza jurídica en un porcentaje muy alto de tierra en el estado, lo que no permite que se consoliden inversiones importantes que pudieran incrementar de manera sustancial el Producto Interno Bruto estatal, así como la generación de miles de empleos.
Por otro lado, dijo, al no existir certeza jurídica de la tierra, miles de familias viven en la incertidumbre y sin la posibilidad de poder hacer usufructo de la tierra en la que viven, por lo que es urgente tanto abatir el rezago, cómo impedir que continúen creciendo polígonos irregulares en el Estado.
Covellí Gómez planteó que sea agregado un artículo más al Código Penal Estatal en el que se estipule como delito de “Lesividad Social”.
Explicó que el principio de lesividad exige que el derecho penal sólo regule aquellas conductas humanas que sean socialmente relevantes, por tanto, han de ser acciones que tengan un impacto social, que no se circunscriban únicamente a la esfera privada.
En este sentido, dijo, debe existir un “tercer” afectado por la conducta, otra persona independiente del autor que padezca las consecuencias lesivas o peligrosas del acto; ello no quiere decir que deba ser una persona identificada, sino que este “tercero” puede ser la colectividad.
Refirió que otras entidades federativas como Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y el Estado de México, incluso la misma Ciudad de México contemplan una procuraduría especializada contra delitos de este tipo, lo que les ha permitido ubicarse en el ranking de productividad y competitividad más alto del país.
Puntualizó que el equipo jurídico de la Corett trabajará cercano al sector empresarial del Estado para que a través de la iniciativa privada, se pueda establecer en la agenda legislativa del nuevo Congreso del Estado la iniciativa que al prosperar, permitirá abatir el rezago en la tenencia de la tierra en Baja California e impulsar el desarrollo transparente y ordenado en el Estado.
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