Momento de tensión y riesgo

La Montaña

Oscar Loza Ochoa

Observamos que a medida que se desarrolla,
el capitalismo funciona cada vez más mal.
Alejandro Nadal

Como muchos, he esperado hasta el último momento para saber de los resultados de la asamblea nacional de resistencia. El día lunes 22 debe arrancar el ciclo escolar 2016-17 y lo que enmarcan sus vísperas pone en verdadera tensión los nervios. Los maestros, a través de la CNTE y por otros medios, han cuestionado la llamada reforma educativa, en la que no tuvieron opinión a pesar de que la imprescindible tarea de formar y educar pesa sobre sus conocimientos, experiencia y vocación. Y como es producto de sumisiones del gobierno ante la OCDE y de la pluma de "especialistas" de Mexicanos Primero (organismo de empresarios), que mueren por ver privatizada la educación pública y convertirla en uno más de sus negocios, pocas posibilidades hay de coincidencias.

En ningún tiempo es aconsejable ni plausible el uso de la violencia para el trato a problemas sociales. El diálogo y la inclinación por llegar a acuerdos y conciliar nunca deben abandonarse, si no ¿dónde quedan la República y el Estado de derecho en una situación como esta? ¿Y el oficio de estadista del presidente? Dos sindicatos empresariales (Mexicanos Primero y Coparmex) exigen hoy a voz en cuello el uso de la violencia. No es la primera vez que lo hacen. Lo hicieron en 1968 con otros membretes empresariales, pero con los mismos apellidos. No es la marcha del País lo que está detrás de su bélica propuesta, es la defensa de un modelo de economía que condena a la pobreza al 59 por ciento de los mexicanos.

Todos lo sabemos, ellos también, que la violencia propuesta cancela las posibilidades de diálogo y restauración del tejido social, pero el Estado mexicano parece haber vuelto por sus fueros de 1968, cuando el "principio de autoridad" se impuso al derecho de los ciudadanos a protestar y reclamar la atención sobre sus demandas. Esa violencia oficial ha cancelado el derecho a protestar en la principal plaza pública de la Nación: el Zócalo y ha cobrado vidas en Nochixtlán, en una acción que aún no hemos aquilatado bien, pero tan dramática y abominable como la masacre del 2 de octubre y la noche del 26 de septiembre en que desaparecen los 43 de Ayotzinapa. Tampoco Mexicanos Primero ni Coparmex piensan en la restauración del tejido social, ni siquiera en los riesgos que implica desatender un reclamo de millones de ciudadanos.

Mientras tanto, el magisterio nacional y las organizaciones que lo apoyan, han acordado continuar con la huelga nacional y desarrollar acciones de tomas de las empresas transnacionales que se han adueñado de México, asambleas estatales y movilizaciones en todo el País, y el domingo 21 una nueva asamblea nacional para evaluar la situación ante el proyectado inicio del ciclo escolar. Creo que esta situación demanda la atención de todos, pues lo que está en juego no es poca cosa: es la educación pública en México. La campaña de desprestigio contra los maestros no es gratuita y el que la hagan hermanados gobierno y organismos patronales que tienen en la ruina a este País, tampoco es gratuito. El derecho a la educación es un derecho humano y defenderlo no es un asunto exclusivo de nuestros maestros, ellos sólo han puesto el ejemplo (maestros al fin) de lo que debemos hacer todos. No esperemos a que nos molonqueen ese derecho, hagamos algo.

La situación que priva entre los trabajadores de los ayuntamientos de Culiacán, Navolato y Guasave, nos obliga a mirarlos de cerca. El IMSS ha dado de baja a sus trabajadores porque la parte patronal adeuda 130 millones de pesos en el caso de Culiacán, 100 millones Navolato y poco más de 50 millones Guasave. Unos 8 mil 764 trabajadores fueron dados de baja y sólo tendrán acceso a consulta médica durante los meses de agosto y septiembre, sin atención en cosas mayores como intervenciones quirúrgicas; el derecho a guardería para las trabajadoras se suspenderá el día 28 de este mes y de llegar a un arreglo posterior a dicha fecha, esas trabajadoras fueron advertidas por el Seguro Social, que sus hijos no serán reingresados automáticamente, tendrán que volver a registrarse y esperar turno, como lo hicieron originalmente.

Ante dicho estado de cosas, es muy preocupante la situación de todos los empleados de esos ayuntamientos, en especial la de los policías preventivos, de tránsito y de dependencias auxiliares como las educadoras viales. Su trabajo implica estar en la calle y el riesgo se potencializa por ello. La dirección de tránsito en Culiacán ha concentrado en sus oficinas al cuerpo de educadoras viales, para evitar un incidente mayor que implique el internamiento de sus empleadas y todo lo que corresponde  reclamar por seguridad social; pero la policía no puede concentrarse en sus cuarteles y ver pasar la vida y sus complicaciones en esos tres municipios. De nuestra parte no dejamos de pensar que si esos tres municipios concentran el 51.6 por ciento de los delitos de alto impacto en Sinaloa, las posibilidades de que haya lesionados entre los policías es muy alta. No tranquiliza a nadie el que Sergio Torres, presidente municipal de Culiacán, diga que tiene hasta el 30 de septiembre para negociar. Ojalá no se presenten emergencias, pero ¿qué pasará si se presentan? Vale.