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Propuso el diputado Julio César Vázquez reformas a diversas normatividades y la
creación de una Dirección para la Atención de ese sector, en el Sistema DIF
LIBERTAD,
TIJUANA, AGOSTO-30-2016.-Para concluir con la armonización de diversas
leyes estatales y reglamentos municipales a favor de las personas con
discapacidad, el diputado Julio César Vázquez Castillo propuso algunas reformas
que incluyeron la creación de una Dirección especializada a dicho sector en la
estructura de los Sistemas DIF del estado y los municipios.
El legislador
presidente de la Comisión por los Derechos de las Personas con Discapacidad,
Tercera Edad y Niñez recordó que el 17 de septiembre del pasado año 2015 se
celebró el Convenio General de Armonización Legislativa de la Ley General de
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley General de Inclusión de
las Personas con Discapacidad.
En el convenio se
establecieron compromisos de los tres Poderes del Estado, la Comisión Estatal
de Derechos Humanos y los Ayuntamientos, y se acordó realizar mesas de trabajo
para armonizar, en especial, la Ley General de Inclusión de Personas con
Discapacidad con las leyes locales, y en efecto se realizaron mesas de trabajo
en Ensenada, Tijuana y Mexicali, los días 15, 16 y 17 de marzo pasado de este
año 2016, destacándose la necesidad de contar en nuestro estado con un
Instituto de Atención a Personas con Discapacidad, o en su caso, una Dirección
Estatal.
Los derechos de esas
personas también definidas como con capacidades diferentes, están plasmados la
Convención de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
habiendo sido impulsor de este capítulo en especial nuestro país, y de acuerdo
a la resolución 47/3 de la Asamblea General de la ONU adoptada el 14 de octubre
de 1992, se definió además el 3 de diciembre como el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad.
Al igual que todos los
miembros de la sociedad civil, las personas con discapacidad deben gozar de los
siguientes derechos:
* Igualdad ante la ley
sin discriminación.
* Derecho a la vida, la
libertad y la seguridad de la persona.
* Igual reconocimiento
ante la ley y capacidad jurídica.
* Protección contra la
tortura.
* Protección contra la
explotación, la violencia y el abuso.
* Derecho al respeto de
la integridad física y mental.
* Libertad de
desplazamiento y nacionalidad.
* Derecho a vivir en la
comunidad.
* Libertad de expresión
y de opinión.
* Respeto de la privacidad.
* Respeto del hogar y
de la familia.
* Derecho a la
educación.
* Derecho a la salud.
* Derecho al trabajo.
* Derecho a un nivel de
vida adecuado.
* Derecho a participar
en la vida política y pública, y derecho a participar en la vida cultural.
No obstante todo lo
anterior, las personas con discapacidad han sido tradicionalmente ignoradas y
apartadas de la sociedad, en gran medida por ignorancia, superstición, pero
sobre todo por prejuicios y una serie de factores culturales que han ido
posicionando barreras invisibles difíciles de superar.
Este rechazo ha
generado dependencia, complejos de inferioridad, sentimientos de resignación,
aislamiento y exclusión, agravando el problema y restando recursos para
que este grupo de la población pueda reivindicar sus derechos constitucionales.
Y aunque se ha estado
luchando a través de instituciones gubernamentales y no gubernamentales para
lograr su integración e inclusión plena, todavía no se reconoce que las
personas con diversos tipos de discapacidad conforman un sector de la sociedad
que debe y exige ser considerado e incorporado a la vida social en condiciones
de igualdad y equidad a las del resto de la población.
Para hacer valer sus
derechos entonces es que se han instrumentado muchas reformas legales y, para
reforzarlas, el diputado Julio César Vázquez propuso reformar los artículos 3 y adicionar la fracción XXXIII, y el artículo
7 fracción III y se adiciona enciso de la a) de la Ley Para
las Personas con Discapacidad en el Estado de Baja California.
Estas tienen que ver
con un Consejo Consultivo para Personas con Discapacidad en el Estado,
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, y de una Dirección de
Atención a Personas con Discapacidad en la Secretaría General de Gobierno del
Estado, así como en los Sistemas DIF.
Asimismo, enfatizó
todos los derechos en cada ley relativa a la justicia, salud, educación y
otras.
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