* Coordinador de la
bancada del PRI, propone adición a la Constitución local para evitar bonos o
gratificaciones para servidores públicos por la conclusión de su encargo, y
terminar con abusos de poder en asignaciones como las llamadas del “haber
retiro”
Libertad, Tijuana, 1 de marzo de
2016.- El diputado
David Ruvalcaba Flores, a nombre de la Fracción Parlamentaria del PRI, que
coordina actualmente, promueve en el Congreso del Estado una reforma
Constitucional, para imponer “candados” contra compensaciones injustificadas a
servidores públicos.
La
iniciativa tiene un mensaje claro contra el Poder Judicial del Estado en sus
pretensiones de las llamadas “pensiones vitalicias” o “haber retiro” en
proporciones exorbitadas, y sobre todo, que las pretenden sean hereditarias
hasta tercera generación de las familias de los magistrados.
Todo
ello, advierte el legislador priista, son “malos manejos del presupuesto público
que ponen en riesgo la calidad de vida de los bajacalifornianos”; “por ello, no
debemos seguir permitiendo asignaciones injustificadas de bonos o
gratificaciones para servidores públicos por la conclusión de su encargo, ya
que a lo largo de su mandato han recibido la justa remuneración que por ley le
corresponde”.
Ruvalcaba
Flores propone adicionar una fracción al artículo 97 de la Constitución
Política del Estado, “a fin de que ninguna autoridad o servidor público podrá
establecer dentro del Presupuesto de Egresos, el pago de bonos anuales,
gratificaciones o cualquier otro tipo de percepción adicional a la de la
remuneración de cualquier servidor público con motivo de la conclusión de su
mandato”.
El
propósito es terminar con abusos de poder en asignaciones como las llamadas del
“haber retiro”, que se proponen los magistrados del Poder Judicial del Estado.
El
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI señaló con claridad la
responsabilidad de los servidores públicos en el manejo de recursos, el apego
al mandato, las asignaciones presupuestales, y con ello dar cumplimiento a
criterios de austeridad y disciplina presupuestal y financiera.
Expuso
que esta iniciativa tiene por objeto pagar una deuda que se tiene con los
bajacalifornianos desde hace tiempo, concerniente a la austeridad y el buen uso
del dinero del pueblo, “puesto que somos la voz del pueblo y nos debemos a él”.
“El
reclamo de la sociedad bajacaliforniana nos demanda que se haga el uso
responsable y eficiente del presupuesto público, atendiendo a los principios de
austeridad, certidumbre, racionalidad y de la legalidad; su voz nos conmina
constantemente a los servidores públicos en general a hacer uso racional de los
recursos públicos, atendiendo el beneficio de las mayorías y no de unos
cuantos”, resaltó.
“Por
ello insto a los integrantes de la XXI Legislatura a que rectifiquemos y
pongamos fin a los abusos de asignaciones discrecionales por parte de las
autoridades públicas que se auto determinan prestaciones incongruentes, y que
correspondamos a la confianza depositada por los ciudadanos en nosotros”,
expuso.
“La
aprobación de un haber de retiro a favor de los Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, es una situación que de nueva cuenta ha
confrontado a la sociedad bajacaliforniana por la falta de claridad y
transparencia en que este se otorgó, mismo que se tradujo de manera inmediata,
en un inmediato rechazo por parte de la opinión pública”, prosiguió.
Dijo
que los escasos argumentos que se sostienen a favor de un haber de retiro para
quienes integran el máximo órgano jurisdiccional en el Estado, son considerados
carentes de racionalidad, frente a las altas remuneraciones que ya ostentan en
aras a la función que desempeñan.
“En
ese tenor, es oportuno considerar que esta soberanía, no puede ser ajena ni
actuar como un espectador frente la ciudadanía, la cual hoy en día reclama a
una revisión exhaustiva y constante del marco normativo que encierra a la
función pública y exige incorporar medios de control para evitar el abuso del
poder en la asignación de remuneraciones, y procurar la transparencia en el
ejercicio de la gestión gubernamental, la conservación del equilibrio y equidad
presupuestal de los recursos públicos en los poderes del Estado, municipios y
organismos constitucionalmente autónomos”.
Por tales motivos, propuso
Ruvalcaba Flores a nombre de las fracciones del PRI, PVEM, PT y PES, que se
adicione el Artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Baja California, para quedar como sigue: “Ninguna autoridad o servidor
público, podrá establecer dentro del presupuesto de egresos, el pago de bonos
anuales, gratificaciones, haber de retiro o cualquier otro tipo de percepción
adicional a la de la remuneración de cualquier servidor público, con motivo de
la conclusión de su mandato”.
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