Libertad, Tijuana.- Por la demolición de la Puerta México o "la Concha",
demandarán a los 3 niveles de gobierno con hasta 70 millones de dólares, pues
no se realizó una consulta sobre esto, así como el daño a la cultura,
patrimonio e identidad de Tijuana, así lo manifestó el presidente del grupo 100
por Tijuana A.C., Alberto Escourido Moreno.
"Vamos a interponer una
acción Colectiva, en contra de los 3 niveles por omisión de su parte, nunca hubo
consulta, debe haber indemnización porque atentaron contra la cultura,
historia, cohesión social e identidad de Tijuana", expresó.
La acción es demandar por 70
millones de dólares, argumentando que era la tarjeta de presentación de
Tijuana, aparte de la avenida Revolución, consideró que pisotearon la historia,
la cultura e integ4ridad y por ende es necesario actuar contra dicha decisión.
Explicó que este lunes 23 de
febrero habrá una reunión en el juzgado primero de amparos y juicios federales,
donde atenderán el seguimiento al juicio de amparo para declarar suspensión de
la demolición. De esto, señaló que la suspensión no fue concedida pero el
juicio prosigue.
"La juez, como hay muchos
casos dio la cita para el 23 tenemos la cita en el libro general, el libro
verde sobre el amparo, la SCT tendrá que justificar sus acciones",
sostuvo.
Con dicha cantidad lo que
pretende es que construya otra Puerta México idéntica a la que está a punto de
ser destruida en su totalidad, no importa que sea de menor tamaño, la intención
es que el ícono permanezca.
"Se les daría a los
tijuanenses, la manera en la que lo vamos a pedir, que se haga otra puerta
México igualita, que quede como estaba antes, además un Museo binacional con
San Diego, generar lazos y traer negocios que tanto hacen falta",
propuso.
Añadió que en lo que sería la
Nueva Puerta México se instalen oficinas donde se puedan instalar
inversionistas que generen mayor desarrollo económico en la región.
Este lunes se reunirán con los
17 autoridades que señala están involucrados en la demolición, que incluye el
XXI Ayuntamiento de Tijuana, el gobierno del Estado la Secretearía de
Comunicaciones y Transportes, entre otros. También asistirá el abogado del
caso, Carlos Atilano.
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