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Propone el Diputado René Mendívil otorgar competencia al Congreso para designar
contralores internos en el Instituto y Tribunal Electoral, el Instituto de
Transparencia, la PDH y la UABC, entre otros
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Consideró el criterio de la SCJN mediante el cual determinó que la
autonomía universitaria, no impide la fiscalización
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Debe existir instancia fiscalizadora que audite e imponga sanciones a
servidores públicos, con independencia de la facultad del Congreso por conducto
del Órgano de Fiscalización Superior
LIBERTAD,
MEXICALI, Noviembre del 2014.- A nombre de las fracciones del PRI,
PVEM, PT y PES, el Diputado René Mendívil Acosta presentó una Iniciativa
con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Constitución local, la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado y, se derogan fracciones de la Ley
Orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California, así como de la Ley del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.
Para coadyuvar al
fortalecimiento de la autonomía de dichos órganos, considera que debe existir
una instancia fiscalizadora que de manera interna y permanentemente vigile,
audite y, en su caso, imponga sanciones a los servidores públicos, con
independencia de la facultad que ejerce este Congreso por conducto del Órgano
de Fiscalización Superior.
Mendivil Acosta,
resaltó que ninguno de los contralores de los seis Órganos Autónomos son
designados ni removidos por el Congreso del Estado, pues ni la Constitución
Política del Estado, ni ninguna ley reglamentaria lo disponen expresamente; por
lo que, en los casos en donde alguien realiza dicha función, su nombramiento y
remoción se da por los titulares o las estructuras colegiadas o piramidales de
los mismos Órganos Autónomos en perjuicio de la imparcialidad e independencia
que debe regir la función de control interno.
Esto debido a que
dichos servidores públicos se dedicarán a vigilar a quien precisamente les
ofreció el puesto o cargo administrativo o, en otros casos, mediante la
integración del órgano jurisdiccional en Pleno, se dictarán medidas e impondrán
sanciones al personal, incluyendo a propios magistrados que podrían formar
parte de la estructura de mando y decisión, lo que vuelve prácticamente
incompatible la aplicación de los principios de certeza, objetividad, legalidad
y transparencia con la función fiscalizadora.
Consideró el criterio
de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante
el cual determinó que la autonomía universitaria no impide la
fiscalización de los subsidios que se otorguen para su funcionamiento, ya que
la revisión no implica una intromisión a su libertad de autogobierno y
autoadministración, sino la verificación del uso y destino de recursos
públicos.
Por lo anterior,
propuso otorgar competencia a esta Soberanía para la designación de los
Contralores Internos en todos y cada uno de los Órganos Autónomos, sin
excepción. Asimismo, la pretensión es que los servidores públicos designados
ejerzan el cargo durante un periodo fijo y que sólo puedan ser removidos por la
mayoría calificada de este Congreso, ello para dotarlos de estabilidad en el
empleo lo que implicara mayor independencia en sus determinaciones para evitar
que el interés de la permanencia laboral o aspectos ajenos a la normatividad
trasciendan en sus procedimientos y resoluciones.
Una medida
determinante para el fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestro país, ha
sido la ampliación del marco constitucional para crear diversos órganos
autónomos a los poderes públicos, encargados de salvaguardar funciones
sustanciales para el desarrollo político y social de los mexicanos.
Agregó el Coordinador
del Grupo Parlamentario del PRI, Diputado René Adrián Mendívil Acosta que
si bien es cierto, dichos órganos públicos autónomos actúan con independencia
del gobierno, al formar parte del Estado, no están exentos de la rendición de
cuentas, la fiscalización y, en su caso, de la responsabilidad de sus
servidores públicos.
En la
exposición de motivos, señaló que en la entidad los órganos autónomos creados
por disposición constitucional y legal por el Poder Legislativo son: el
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana; el Instituto de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo; el Tribunal de Justicia Electoral; la Procuraduría de los
Derechos Humanos y Protección Ciudadana, todos de Baja California, así como la
UABC.
Escudriñan
el INDIVI
Ante el grave riesgo
en que se encuentran los habitantes de las viviendas afectadas en la colonia
Anexa Reforma, el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Diputado René
Adrián Mendívil Acosta, presentó ante el Pleno del Congreso, un punto de
acuerdo por medio del cual exhorta al Titular del Ejecutivo Estatal a que se
remita a esta Soberanía, el padrón detallado de predios existentes dentro del
patrimonio público de Baja California.
De esta forma
solicitó al Gobernador Arturo Vega de la Madrid a que por medio de los
Titulares del Instituto de la Vivienda y de la Oficialía Mayor del Estado,
proporcione a la brevedad dicho padrón, con el fin de ver la viabilidad de ser
utilizados para la reubicación de viviendas que se vieron afectas el pasado día
2 de octubre con el deslizamiento de tierra en la colonia Reforma de
Tijuana.
A partir de ese día,
dijo el Legislador que son al menos 26 casas las que se encuentran en riesgo de
ser derrumbadas, siendo la mayoría de estas, construcciones de madera, lo que
equivale a se encuentran en riesgo inminente alrededor de 59 adultos y 49
menores de edad, de acuerdo al censo levantado por Protección Civil, por lo que
el Ayuntamiento de Tijuana y el Gobierno del Estado activaron ya una alerta
emergencia ocasionada por factores geológicos e hidrometeorológicos.
Derivado de las
reuniones entre diversos funcionarios suscitadas en las instalaciones de la
Sub-Secretaría de Gobierno del Estado, los vecinos que habitan los predios
afectados han accedido a adquirir por medio de financiamiento del orden social
predios disponibles dentro del padrón de inmuebles del Gobierno del Estado. De
ahí, ante el inminente riesgo que significa seguir habitando los predios de la
colonia Anexa Reforma, la necesidad de contar a la brevedad con el padrón de
inmuebles pertenecientes al patrimonio público del Estado.
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